Leed libros prohibidos.
Month: agosto 2016
PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte V)
Cabe suponer que la jueza Pérez Franco no prevaricó y que si hubiera tenido la suficiente erudición sobre los temas que estaba juzgando no hubiera ordenado quemar, por ejemplo, El pensamiento wagneriano (12 ejemplares intervenidos), obra del pensador británico Houston Stewart Chamberlain, porque en la página 83 el autor se atrevió a escribir que “la influencia del judaísmo acelera y favorece el progreso de la degeneración empujando al hombre hacia un torbellino desenfrenado que no le deja tiempo ni para reconocerse ni para tomar conciencia de esta lamentable decadencia…” La cita procede del apartado “hechos probados”, en la angustiosa sentencia de 5 de marzo de 2010.
“De la escuela de la guerra de la vida. – Lo que no me mata, me hace más fuerte.” Esta frase de Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos es idónea para explicar el estado de ánimo con que salió Pedro Varela de la prisón de Can Brians el 8 de marzo de 2012. “A partir de ahora redoblaré mis esfuerzos”, declaró tras mostrarse decidido a reanudar las actividades en su librería y a seguir luchando contra la represión. Un año más tarde, el 5 de marzo de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España a pagar 13.000 euros a Varela, pues entendió que la Audiencia Provincial de Barcelona debería haberle permitido preparar y ejercer su defensa de manera más efectiva y con mayor plazo de tiempo tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2007. Fue una victoria moral, pues el librero había solicitado 125.000 euros de indemnización. Los magistrados del Tribunal de Estrasburgo consideraron por unanimidad que “sólo se le permitió conocer de manera tardía el cambio de calificación” del delito por el que se le condenó a siete meses de cárcel.
El hecho de que La Librería Europa y su propietario hubieran sido capaces de continuar con los ciclos de conferencias y de reorganizar de nuevo sus actividades comerciales y culturales no gustó a sus enemigos. Una docena de esbirros encapuchados fueron enviados el 11 de marzo de 2014 a la calle Séneca. Estos «valientes» se presentaron en la librería sobre las diez y media de la mañana y a plena luz del día, con la insolencia de quien se sabe impune, comenzaron el ataque: desde la calle rompieron las cristaleras de los escaparates con objetos contundentes y luego arrojaron botes de pintura contra libros y mobiliario. Por fortuna, el personal de la librería no fue agredido. Según testigos presenciales, el grupo era de unas veinte personas, pero sólo los encapuchados actuaron con violencia. Pedro Varela presentó denuncia ante los Mossos d’Esquadra, aunque con pocas esperanzas, por no decir ninguna, de que se detuviera a nadie, pues nunca antes hubo detenciones.
Alemania, el Estado que persigue a su propia sombra, no podía quedar al margen, sin participar en el acoso al librero y editor español. Su aparición en la persecución se produjo en febrero de 2009, fecha en que el Consulado General de Alemania en Barcelona presentó una denuncia contra Pedro Varela por comercializar Mein Kampf (Mi lucha) sin autorización del Estado de Baviera. La publicación de la obra en Alemania fue delito hasta el 30 de abril de 2015, fecha en que, setenta años después de la muerte de Hitler, el libro quedó bajo dominio público. Con este pretexto, el infatigable Miguel Ángel Aguilar, un jurista “progresista” de la camada de Baltasar Garzón, Santiago Vidal, José María Mena y otros por el estilo, conocido como «el fiscal del odio», puesto que está al frente del Servicio contra delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, acusó en septiembre de 2015 a Pedro Varela por un delito contra la propiedad intelectual, delito que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con el odio y la discriminación. El fiscal del odio pedía, sumiso, dos años de prisión para Varela, su inhabilitación por tres años como editor y comerciante y una multa de 10.800 euros por editar el libro sin autorización ni licencia, pese a saber que los derechos de la obra pertenecían al Estado alemán de Baviera en virtud de una sentencia de la Cámara de Justicia de Múnich. Además, reclamaba otra multa de 216.000 euros y una indemnización de 67.637 euros al Estado de Baviera.
Sobre los derechos de la obra de Hitler, sabemos que Paula Hitler, la hermana del “Führer”, había confiado a François Genoud, “Sheik François” (ver nota 19), la gestión editorial de numerosos textos de su hermano, incluido Mein Kampf. El banquero suizo estaba trabajando en la redacción de un acuerdo global con ella para hacerse con los derechos de toda la obra de Adolf Hitler, pero Paula murió en 1960. Ya entonces, las autoridades bávaras, que se habían apoderado del contrato entre Hitler y la casa editorial del NSDAP (Franz Eher Verlag), reivindicaban ansiosas los derechos para el Estado de Baviera.
Sea como fuere, el odio hacia Pedro Varela debería constar entre los hechos probados, puesto que Mein Kampf se ha vendido y se está vendiendo en todo el mundo. En India, por ejemplo, Hitler es un autor de culto. Su famosa obra se ha convertido en un clásico que desde hace tiempo es un éxito de ventas. Puede comprarse en tenderetes callejeros y de vez en vez se sitúa en la lista de los diez libros más vendidos. El abogado de Pedro Varela, Fernando Oriente, rechazó en su escrito de defensa que el Estado de Baviera y la República Federal de Alemania tuvieran o hubieran tenido los derechos y argumentó que el cónsul alemán “carecía de cualquier legitimidad”. El letrado recordó que la primera edición del libro en España es de 1935 y que los derechos de autor de una persona fallecida antes del 7 de diciembre de 1987 son libres, tal y como se establece en un real decreto de 1996 sobre la Ley de Propiedad Intelectual. El abogado de Varela lamentó que la intención de Baviera fuera “actuar de censor del pensamiento, impidiendo la libre difusión de ideas que consagra la Constitución”.
Nos disponíamos a concluir, pero hemos leído en la edición de 28 de enero de 2016 de El País en Cataluña el siguiente titular: “El fiscal estudia el acto de un neonazi en la librería Europa”. En la noticia se lee: “el histórico líder ultraderechista Ernesto Milá presentará allí (en la librería Europa) su nuevo libro El tiempo del despertar, que ensalza el auge del nazismo.” Es decir, el fiscal del odio entiende que la presentación de un libro puede ser un acto criminal.
Después de haber enterrado a más de cien millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, después de la opresión de esta ideología totalitaria en media Europa durante cincuenta años, disertar sobre los campeones comunistas sigue siendo “progresista”; pero si el conferenciante es “un neonazi”, nos hallamos frente al mal absoluto, ante la apología del nacionalsocialismo, del odio racial, del antisemitismo.
Por desgracia, el revanchismo, el rencor y el odio están hoy al orden del día en España, pero anidan en los pechos de los “antifascistas”, siempre tan democráticos. Ochenta años después de la guerra civil, amparados en una Ley de Memoria Histórica que se utliza sectariamente para recordar sólo los crímenes de uno de los bandos en la contienda fratricida, los partidos de la llamada “izquierda progresista”, que han logrado el poder en los grandes ayuntamientos gracias a pactos de todos contra uno, se dedican a destruir monumentos, a quitar placas en memoria de religiosos fusilados, a cambiar los nombres de las calles… Cargados de razón y de superioridad moral, como de costumbre, exhiben una intolerancia y un fanatismo que atentan contra la concordia y la reconciliación entre los españoles, que parecían aseguradas gracias a la Constitución de 1978. Por ello, visto el ambiente que se respira, cabe sospechar que la persecución contra Pedro Varela no cesará.
Post Scriptum
Lamentablemente, meses después de haber redactado la última oración, nuestra sospecha se ha hecho realidad: habiendo ya concluido esta Historia proscrita, hemos conocido que el 7 de julio de 2016 entró en el Juzgado de Guardia (Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona una nueva querella presentada por el Ministerio Fiscal contra la Asociación Cultural Editorial Ojeda como persona jurídica y contra su vicepresidente Pedro Varela. Asimismo, la querella iba dirigida contra C.S.A.G., A.Z.C., y las dos secretarias de Varela,. La jueza Carmen García Martínez ordenó de inmediato medidas “cautelares urgentes”, las cuales incluían: el cese de las actividades de la Editorial Ojeda, la clausura de la Librería Europa y el bloqueo de las dos páginas web de la librería. Absurdamente, la Fiscalía del Odio de Barcelona se acogía al artículo 510.1 a, de la Constitución española, que alude a Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, para proseguir su acoso despiadado contra Varela.
El viernes 8 de julio, los Mossos d’Esquadra detuvieron a las dependientas de Librería Europa, ambas de origen rumano, en sus respectivos domicilios familiares, y a los dos miembros de la Asociación Cultural Editorial Ojeda. Pedro Varela no se hallaba en la ciudad, puesto que había viajado con su hija menor y estaba de acampada en las montañas de algún lugar de España. Por la tarde se presentaron en la Librería Europa.
En el registo de la librería se decomisaron quince mil libros y los equipos informáticos. La Librería Europa quedó precintada. A las 7:00 de la misma mañana la policía catalana irrumpió asimismo en el domicilio de Pedro Varela. Además de los ordenadores, los agentes se apoderaron de todos los fondos en efectivo que guardaba en su casa.
Tras conocer que se había emitido una orden de busca y captura, Pedro Varela emitió un comunicado en el que anunció que se presentaría en el juzgado, cosa que hizo el 15 de julio. Acompañado por sus abogados, el librero y editor llegó al Juzgado de Instrucción número nueve, que había emitido la orden de busca y captura. Se negó a declarar. El fiscal del odio, Miguel Ángel Aguilar, pidió su ingreso en prisión con el argumento de que existía riesgo de fuga y de que sus delitos eran reiterados. El juez dictó prisión eludible con una fianza de 30.000 euros, cantidad que Varela no pudo pagar. Luis Gómez y Javier Berzosa, los abogados, trataron de conseguir una rebaja. Argumentaron que su cliente no era un hombre rico y que no podía usar el dinero aprehendido por los Mossos d’Esquadra en su domicilio para hacer frente a la fianza. “Lo que tiene – precisó Berzosa- se lo llevaron en el registro de su casa”. De este modo, Varela ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona.
Por fortuna, un amigo abonó el mismo día el depósito judicial y Pedro Varela pudo recobrar la libertad al anochecer.
En cuanto a las otras personas, después de pasar cuarenta y ocho horas detenidas, quedaron en libertad con cargos acusadas de promover el odio y la discriminación por participar en la “organización de conferencias en la librería donde se enaltece y justifica el genocidio nazi y se niega el Holocausto judío”. La Fiscalía pretendía encarcelar a los dos varones, el presidente y el tesorero de la Asociación Cultural Editorial Ojeda, pero el juez los dejó en libertad.
El 18 de julio, Esteban Ibarra, un supuesto adalid de la tolerancia que preside el Movimiento Contra la Intolerancia, una ONG que desde 1995 ha recibido cerca de siete millones de euros en subvenciones públicas (y cuantiosas ayudas del tiburón de las finanzas sionista George Soros), presentó querella contra Pedro Varela y los otros responsables de la librería y de la editorial. Ibarra anunció que iba a ejercer la acción popular y que contaba con la participación de la Federación de Comunidades Judías de España, la Liga Internacional Contra el Racismo (LICRA), la Comunidad Judía Bet Shalom de Barcelona, etc., etc.. Para acabar de rematar el linchamiento público contra un sólo hombre, el Ayuntamiento de Barcelona anunció por boca del teniente de alcalde Jaume Asens, responsable estatal de derechos humanos en Podemos, que el Ayuntamiento se personaría como acusación en la causa “por la ofensa a toda la ciudad”. Jaume Asens, un “antisistema” convertido en separatista, declaró que “la Librería Europa era el cuartel general de la extrema derecha en la ciudad”.
Durante el franquismo existía la censura, la cual servía de protección a los libreros, pues sabían qué obras no podían vender. Ahora no hay censura en España y ningún librero debería en teoría temer nada. Sin embargo, se persigue con saña a un empresario, un hombre capaz de “ofender a toda una ciudad” con la venta de libros. Mucho nos tememos que en esta ocasión los enemigos de Pedro Varela están decididos a encerrarlo para siempre en una cárcel de silencio.
Tras más de veinte años de persecución, Varela se ha convertido en un disidente legendario en España y en uno de los más tenaces de Europa.
Sus convicciones y su dignidad como persona quedan ejemplificadas en una actitud modélica de resistencia pacífica. Su lucha por la libertad de expresión y de pensamiento merece el reconocimiento no sólo de quienes compartimos sus puntos de vista revisionistas, sino de cuantos creen de veras en la libertad.
(Continuará)
Capitular?
PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte IV)
A los dos meses de conocerse el fallo del Constitucional, la Audiencia Provincial, nueve años después de la condena a cinco años a Pedro Varela, celebró el 10 de enero de 2008 la vista de la apelación contra la sentencia. La defensa de Pedro Varela había solicitado más tiempo para prepararse, toda vez que la sentencia del Tribunal Constitucional era suficientemente importante como para estudiar bien sus implicaciones legales; pero la Sala desestimó la petición. Tanto las acusaciones como la defensa reiteraron sus demandas. Por fin el 6 de marzo los jueces de la Audiencia Provincial hicieron pública la sentencia que estimaba parcialmente el recurso y rebajaba la pena a siete meses de prisión. Se consideró que Varela había realizado apología del genocidio por su labor de difusión de las doctrinas genocidas a través de la venta de libros, pero que no había discriminado directamente de manera personal, por lo que quedaba absuelto del delito de incitación al odio racial. Pedro Varela no tuvo que entrar entrar en prisión y anunció que estudiaría presentar recurso de amparo.
De todos modos, el acoso a Varela estaba en su apogeo, ya que tras su detención en abril de 2006 seguía en libertad con cargos y estaba pendiente de un nuevo juicio. Fue el 29 de enero de 2010 cuando tuvo lugar la vista en el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona. Ante la obligación de acatar la doctrina del Tribunal Constitucional, según el cual negar el Holcausto no es delito, pero sí justificarlo; se trataba de acusar al librero y editor de difundir ideas que justificaban el genocidio e incitaban al odio racial, pese a que él siempre había dicho por activa y por pasiva que condenaba toda forma de violencia contra cualquier minoría étnica y, por descontado, todo genocidio.
El fiscal Miguel Ángel Aguilar aseguró que no estaban juzgando ideas, “sino la difusión de la doctrina del odio”. De entre los libros seleccionados, el fiscal citó fragmentos que le sirvieran para sustentar su destartalada tesis. El abogado de Pedro Varela denunció que los párrafos extraídos por el fiscal de más de una docena de obras que se vendían en la Librería Europa estaban “sacados de contexto” y recordó que algunos de los libros escogidos, como Mi lucha, de Hitler, podían comprarse también en grandes almacenes.
El 5 de marzo de 2010, Estela María Pérez Franco, una juez sustituta, sin oposición, que estaba nombrada discrecionalmente en el Juzgado de lo Penal nº 11, dictó sentencia, que se conoció el 8 de marzo. En el apartado de los hechos probados, esta magistrado-juez dedicó quince páginas a comentar textos de los diecisiete libros que ordenó destruir. Veamos algunas muestras:
MI LUCHA (36 ejemplares intervenidos), insistía en citar fragmentos que hacen alusión a la raza. Parece evidente que esta jueza ignoraba que la cuestión racial ha sido desde siempre la razón de ser del pueblo judío.
Baste citar una frase bochornosa de Golda Meir, venerada dirigente sionista que fue primera ministra de Israel, según la cual “el matrimonio mixto es peor que el Holocausto”.
Esta racista, en alusión a los palestinos dijo en su momento: “No existe el pueblo palestino. Ellos no existen.” ¿Consideraría la magistrado-juez que Golda Meir odiaba a los palestinos?
LOS CRÍMENES DE LOS BUENOS de Joaquín Bochaca (2 ejemplares intervenidos), la juez citó como condenable la frase “No fueron los árabes, sino los buenos, los judíos, los implantadores del terrorismo en Palestina”. Si se considera falsa esta aserción, cabría preguntarse si en el momento de emitir la sentencia condenatoria contra Pedro Varela la jueza tenía la más remota idea sobre cómo nació el Estado sionista.
LA LLUVIA VERDE DE YUSUF del autor judío Israel Adán Shamir (222 ejemplares intervenidos). Resulta llamativa la inclusión de La lluvia verde de Yususf , obra , entre los libros que debían ser destruidos. En la sentencia la jueza cita, entre otros, el siguiente aserto de Shamir: “Pág. 35, líneas 3-6, ‘La prensa mundial, desde Nueva York hasta Moscú, pasando por París y Londres, está perfectamente controlada por los supremacistas judíos; ni un rechinar de dientes se deja escuchar sin que ellos lo autoricen previamente’”. ¿Acaso Estela María Pérez Franco considera que Shamir miente y que es un antisemita? Los sionistas podrían explicarle que ellos consideran que los judíos que se atreven a criticarlos, más que antisemitas, son “judíos que se odian a sí mismos por el hecho de ser judíos”. Israel Shamir, famoso por su compromiso con la causa palestina, es autor de una trilogía, que además de la obra mencionada incluye El espíritu de Santiago y Pardés, un estudio de la Cábala, ambas obras se vendían en Librería Europa. Dos meses antes del juicio, invitado por Pedro Varela, Shamir había participado en el ciclo de conferencias de Librería Europa: el domingo 8 de noviembre de 2009, en Madrid y el lunes día 9, en San Sebastián. El título de su conferencia fue La batalla del discurso: El yugo de Sión.
Analizando la selección de citas de la sentencia podríamos escribir por lo menos quince páginas, las mismas que redactó Estela María Pérez; pero toca ya atender al fallo, en el que la jueza condenaba a un año y tres meses de prisión a Pedro Varela “como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de difusión de ideas genocidas”, y a un año y seis meses de prisión por “un delito cometido con ocasión de los Derechos fundamentales y de las Libertades públicas garantizados por la Constitución”. Es un sarcasmo insoportable, una injusticia manifiesta, que se condenara a Varela por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades constitucionales, cuando era precisamente víctima de la vulneración de estos derechos y libertades en su persona.
Se acordaba asimismo “el comiso de todos los libros relatados en los hechos probados… procediéndose a su destrucción una vez firme la sentencia”. Sentencia 5 de marzo de 2010
La sentencia no fue firme hasta finales de octubre de 2010. Previamente, en mayo de 2010, la Audiencia Provincial vio el recurso de apelación. Esta corte de la Audiencia guardó por lo menos el decoro que se debía a sí misma como tribunal de justicia y absolvió a Pedro Varela del segundo delito, por el que había sido condenado a un año y seis meses de prisión; pero mantuvo el primero: “difusión de ideas genocidas”, por el cual había sido condenado a un año y tres meses. Finalmente, otra jueza de Barcelona, la titular del Juzgado de lo Penal nº 15, no accedió a conceder a Pedro Varela la suspensión de la pena que había solicitado. La juez hacía constar en la resolución que al ordenar el ingreso en la cárcel del librero había considerado el hecho de que tuviera otra condena de siete meses de prisión del año 2008, un hecho que desde el punto de vista penal ponía “de manifiesto una trayectoria delictiva que demuestra su peligrosidad”.
Pedro Varela ingresó en prisión el domingo 12 de diciembre de 2010. Era una mañana luminosa de invierno, limpia de nubes, como lo estaba Pedro de delitos. Llegó en una pequeña caravana de coches, acompañado de un grupo numeroso de amigos y simpatizantes que lo arroparon y animaron hasta el último momento. En una gran pancarta enarbolada por varias personas se leía: “Por el derecho a informar. No más editores en la cárcel”. Otro acompañante llevaba una pancarta individual con la frase “Se prohíben libros y se encierra a editores”. Con una entereza y una dignidad admirables, consciente de la necesidad de dar ejemplo de fortaleza, Varela exhortó a sus amigos a no desanimarse. Evocó la prisión de Quevedo en las mazmorras de San Marcos de León y asumió que había llegado el momento de afrontar el encarcelamiento. Pidió a todos que recordasen al mundo que se perseguían libros y se enviaba a prisión a editores. “Podemos conseguir entre todos –les dijo– que no se encarcele a nadie más por este motivo.” Entre abrazos y besos se despidió después de dar las gracias y cruzó la verja. Fue alejándose hacia las oficinas de control de acceso con un telón de fondo de aplausos y gritos emocionados de “¡Ánimo Pedro!” “¡Bravo!” y “¡No te olvidaremos Pedro!”. Por fortuna, no se le prohibió escribir, lo cual permitió que pudiera redactar una serie de cartas en la celda 88 del centro penitenciario de Can Brians 1, donde cumplió la condena. Más tarde estos textos serían editados con el título Cartas desde prisión. Pensamientos y reflexiones de un disidente.
El 8 de marzo de 2011, Isabel Gallardo Hernández (http://sociolaboral.blogspot.com.es/2009/01/querella-criminal-contra-la-jutgessa.html,) otra jueza sustituta adscrita al juzgado de lo Penal nº 15 de Barcelona, emitió un auto en el que disponía que se llevara a la práctica la Ejecutoria de destrucción de los libros, según se había ordenado en la sentencia de 5 de marzo de 2010. Citaremos un fragmento de la parte dispositiva del auto para que quede constancia del índice de libros prohibidos en España, un país donde teóricamente hay libertad de expresión y, en consecuencia, no existen libros prohibidos.
“DISPONGO: acordar la destrucción de todos los ejemplares de los libros con los siguientes títulos:
1º Mi lucha de Adolf Hitler
2º Autorretrato de León Degrelle.
3º Hitler y sus filósofos.
4º Hitler, discursos de los años 1933/1934/1935. Obras completas (tomo 1).
5º Los crímenes de los ‘buenos’ de Joaquín Bochaca.
6º Fundamento de biopolítica: olvido y exageración del factor racial.
7º. Raza, inteligencia y educación.
8º Nobilitas.
9º Hombre nuevo.
10º Ética revolucionaria.
11º Guardia de hierro. El fascismo rumano.
12º Los protocolos de los sabios de Sión.
13º Ecumenismo a tres bandas: judíos, cristianos y musulmanes.
14º La lluvia verde de Yusuf.
15º El pensamiento wagneriano.
16º La historia de los vencidos (el suicidio de occidente). Tomo II.
17º Manual del jefe de la Guardia de Hierro.
Asimismo procédase a la destrucción del busto de Hitler, la esvástica de hierro, cascos militares, así como las fotografías, carteles de temática nacionalsocialista intervenidos.
Devuélvanse las banderas y el material de oficina al penado.”
Constatar que todo se hace en nombre de la democracia, la libertad y los derechos fundamentales es en extremo deplorable. Cabe preguntarse por qué hay que destruir bustos de personajes históricos, esvásticas, cascos militares, fotos o carteles. Si se nos responde que Hitler representa el mal absoluto, deberemos alegar que el comunismo ha engendrado los peores criminales de la historia. Que sepamos, no hay sentencias que obliguen a destruir bustos de Lenin, Trotsky, Kaganovitch, Beria o Stalin que se hallen en domicilios particulares. Otra cosa es que estatuas emplazadas en lugares públicos hayan sido retiradas en algunos países, cuando no derribadas por las poblaciones indignadas tras años de totalitarismo comunista.
En cuanto a los libros, qué puede decirse de la destrucción de obras que se leen en todo el mundo y pueden consultarse libremente en las bibliotecas españolas.
¿Cómo puede aceptarse la prohibición de textos en España sólo porque un tribunal en Barcelona ha considerado hecho probado que “el contenido de los libros ocupados refleja el menosprecio al pueblo judío y a otras minorías.”?
Es un sarcasmo insultante que haya que destruir obras donde se critica a los judíos, mientras en Israel el odio racial está en la base de la educación. Los talmudistas, que odian visceralmente a los cristianos, enseñan en “Abhodah Zarah” que “incluso el mejor de los goyim (gentiles o no-judíos) debe ser asesinado”. ¿Acaso esta enseñanza no destila odio racial y fanatismo de la peor calaña?
Maurice Samuel (1895-1972), un intelectla sionista, en el capítulo XIV de su obra You Gentiles (Vosotros Gentiles), titulado “We, the Destroyers” (Nosotros, los Destructores) escribe estas palabras dirigiéndose a los gentiles:
“Nosotros, judíos, somos los destructores y seguiremos siéndolo. Nada de lo que podáis hacer colmará nuestras demandas y necesidades. Nosotros destruiremos eternamente porque queremos que el mundo sea nuestro.” ¿No es esto racismo criminal?
(Continuará)
PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte III)
Para acabar de consumar la vergonzosa actuación de las fuerzas del orden, el juzgado de guardia desestimó la denuncia al entender que no se conocía a los culpables. Sin embargo, cámaras de televisión filmaron a los agresores y el Ayuntamiento tenía los nombres de las dos docenas de grupos que participaron en la manifestación:
Assemblea d’Okupes de Terrassa, Assamblea Llibertària del Vallés Oriental, Associació d’Estudiants Progressistes, Departament de Joves de CC.OO., Esquerra Unida i Alternativa, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, Joves Comunistes, Joves Socialistes de Catalunya, Maulets, Partido Obrero Revolucionario, Partits dels Comunistes de Catalunya, PSUC viu, Amical de Mauthausen…
Hasta veintitrés asociaciones figuraban en el escrito de denuncia que presentó Pedro Varela ante un juzgado ordinario el 10 de febrero de 1999. En la denuncia se adjuntaba una relación de los daños peritados y el valor estimado de los mismos, que ascendía a 2.815.682 pesetas en “pequeños destrozos”.
Por fin, el 30 de abril de 1999 llegó una estupenda noticia para Pedro Varela: por decisión unánime, los tres jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, presididos por la jueza Ana Ingelmo, estimaban pertinente el recurso presentado por el letrado José María Ruiz Puerta y cuestionaban la sentencia del juez Santiago Vidal. Al considerar que vulneraba el derecho a la libertad de expresión, planteaban elevar el asunto al Tribunal Constitucional en Madrid. Los tres jueces consideraban que dudar del Holocausto no puede ser considerado delito según la Constitución española. En lugar de pronunciarse sobre la condena, reflejaban en su escrito de resolución todas las dudas sobre la constitucionalidad del artículo 607.2 del nuevo Código Penal. Los jueces de la Audiencia Provincial argumentaban que el artículo por el que había sido condenado Varela entraba en conflicto con el artículo 20 de la Constitución:
que defiende el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones mediante la palabra, escritura o cualquier otro medio de reproducción.
Como era de esperar, las acusaciones reaccionaron enrabietadas. El intrépido Jordi Galdeano decidió no quedarse corto y sentenció que la decisión del tribunal “atentaba contra el sistema democrático”. Es decir, cuando en lugar de jueces y fiscales afines se encontraban con magistrados verdaderamente independientes, éstos eran acusados de poner en peligro las libertades. El abogado de Amical Mauthausen, Mateu Seguí Parpal, calificó de “impresentable” al tribunal que dudaba de la criminalidad de Pedro Varela.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, antes de admitir a trámite la consideración de la constitucionalidad planteada por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia, exigió como requisito formal previo que la Audiencia de Barcelona tramitara primero el recurso contra la condena, por lo que la Sala de la Sección Tercera señaló entonces la fecha de 9 de marzo de 2000 para la vista del recurso. Una semana antes, la magistrada ponente, Ana Ingelmo, fue recusada por SOS Racismo, que la denunció ante la Fiscalía por prevaricación y solicitó que se abstuviera en el caso. La Sala estimó la recusación y acordó el cambio de ponente, por lo que ordenó la suspensión de la vista oral y tramitó la recusación en pieza separada. El 19 de junio de 2000 un Auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la recusación.
Por fin se señaló el 13 de julio para la celebración de la vista oral. Varela no asistió porque estaba en Austria. Su abogado calificó de “escandalosa” la sentencia de cinco años de cárcel. Por contra, la fiscal Ana Crespo y las acusaciones particulares solicitaron a la Audiencia que confirmase la pena impuesta al propietario de Librería Europa. En definitiva, por Auto de 14 de septiembre de 2000 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial planteó de nuevo la cuestión de inconstitucionalidad. Pedro Varela siguió en libertad condicional y el caso quedó pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional. Defensores de la libertad de expresión y revisonistas de todo el mundo consideraron que en España se había logrado una victoria, por lo menos temporal, y quedaron a la espera de la resolución del alto tribunal, que iba a tardar siete años en emitir la esperada sentencia.
Durante este periodo temporal, Pedro Varela prosiguió sus actividades como librero y como editor de Editorial Ojeda. La Librería Europa, además, comenzó a organizar conferencias en sus locales, con frecuencia pronunciadas por autores revisionistas que acudían desde el extranjero. De repente, el lunes 10 de abril de 2006, la policía autonómica catalana irrumpió de manera inesperada en los locales de la Librería Europa. A las 9:30 de la mañana una quincena de policías enmascarados comenzaron un registro que se prolongó hasta las cinco de la tarde. Unos seis mil libros valorados en más de 120.000 euros fueron secuestrados.
Además, los funcionarios de la policía política de la Generalitat sacaron del local ocho cajas grandes repletas de documentación, cientos de carpetas y miles de fotos y diapositivas, catálogos preparados para ser enviados y trece mil programas de conferencias. Los seis ordenadores que contenían decenas de libros corregidos, maquetados y preparados para la edición quedaron confiscados. En estos ordenadores había también toda la información sobre clientes y amigos de la empresa editorial y de la librería. Los discos duros, las copias de seguridad, las libretas de ahorro, las cuentas bancarias, los talonarios de la librería, contratos personales y empresariales fueron asimismo confiscados. Por si no había suficiente, los “mossos” se llevaron las fotografías enmarcadas que recordaban actos de la época de CEDADE y hasta las banderas de las comunidades autónomas que, junto a la senyera catalana, adornaban la sala de conferencias.
Pedro Varela fue detenido. Una vez en comisaría, lo obligaron a desnudarse para pasar el registro y luego lo encerraron en una celda. Posteriormente pasó a “tocar el piano”, que en la jerga carcelaria significa entintar los dedos para tomas las huellas dactilares, y fue fotografiado de cara y de perfil con el número de delincuente. Se le comunicó que en esta ocasión el motivo de su detención era que la Editorial Ojeda publicaba libros “contrarios a la comunidad internacional”, libros que atentaban “contra las libertades públicas y los derechos fundamentales”. Es decir, en una “democracia” donde la libertad de expresión, de difusión y de comunicación pasa por ser una seña sacrosanta de indentidad, la edición y venta de libros quedaba convertida en una actividad criminal porque las ideas encerradas en los textos eran “contrarias a la comunidad internacional”. Si no fuera todo tan serio y tan patético, sería para desternillarse de risa.
Dos días después de su detención, Varela quedó en libertad con cargos. Se le imputaron delitos contra una entelequia llamada comunidad internacional, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y contra las libertades públicas por apología del genocidio. El subjefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, Juan Carlos Molinero, explicó a los medios de comunicación que la operación no había estado dirigida contra la librería, ya investigada en los años 90, sino contra la Editorial Ojeda, por lo que no se cerraba ni el local ni su página web. En realidad fue una argucia “legal” para poder actuar de nuevo contra Varela.
Puesto que estamos historiando los hechos protagonizados por Pedro Varela, víctima del mayor atentado contra la libertad de expresión y de publicación perpetrado en la España “democrática”, es pertinente anotar que el poder en Cataluña en abril de 2006 estaba en manos de un gobierno conocido como el tripartito, surgido tras la firma del llamado Pacto del Tinell. Presidido por el socialista Pasqual Maragall, los partidos que formaban parte de él eran el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (vástagos de los comunistas del PSUC) y Esquerra Republicana de Catalunya (cuyo emblema, según admiten sus dirigentes, es un triángulo masónico). Este Gobierno fue, pues, el responsable político de la persecución en España de un empresario por editar libros “contrarios a la comunidad internacional”, la mayoría de los cuales se publicaban en casi toda Europa sin ningún problema.
Como es sabido, cuando se quiere criminalizar a un dirigente que en algún lugar del mundo se opone a los designios de las marionetas cooptadas que figuran al frente de los países poderosos que desencadenan las guerras, éstos se atribuyen la representación de la “comunidad internacional”. Entonces, el Estado o nación que no se somete, es acusado de “desafiar a la comunidad internacional”. En el caso inaudito que venimos relatando, entendemos que existiría un índice de libros prohibidos cuyos contenidos atentan contra una abstracción inconcebible denominada comunidad internacional.
El 7 de noviembre de 2007 el Tribunal Constitucional emitió por fin la STC 235/2007, i. e., la sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial respecto al artículo 607, párrafo segundo, del Código Penal. El ponente fue el magistrado Eugeni Gay Montalvo. El fallo, después de plantear por extenso los fundamentos jurídicos, decía textualmente:
“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionalidad, y en consecuencia:
1º Declarar inconstitucional y nula la inclusión de la expresión ‘nieguen o’ en el primer inciso artículo 607.2 del Código Penal.
2º Declarar que no es inconstitucional el primer inciso del artículo 607.2 del Código Penal que castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpretado en los términos del fundamento jurídico 9 de esta Sentencia.
3º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo los demás.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado
Dada en Madrid, a siete de noviembre de dos mi siete.”
Es decir, a partir de la STC 235/2007, el dogma de fe del Holocausto puede negarse en España, como pueden negarse, por ejemplo, el de la Inmaculada Concepción, el de la existencia de Dios o cualquier otro dogma de la Iglesia. El Tribunal Constitucional consideró que dicha negación
“permanece en un estadio previo al que justifica la intervención del derecho penal, en cuanto no constituye, siquiera, un peligro potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma en cuestión, de modo que su inclusión en el precepto supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión”.
En la sentencia se decía textualmente que “la mera negación del delito resulta en principio inane”. El Tribunal, por contra, sí consideraba delito la difusión “por cualquier medio” de ideas que justifiquen el genocidio. Pero éste no es el caso de los revisionistas que han ido apareciendo en estas páginas: ninguno de ellos justifica ni ha justificado nunca el genocidio. Pedro Varela aseguró una y otra vez que lo reprobaba en su declaración ante el juez que lo condenó a cinco años.
(Continuará)
PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte II)
En 1991, unos años antes de que España se sometiera a las presiones exteriores para modificar su legislación, Pedro Varela había abierto en el número 12 de la calle Séneca las puertas de la Librería Europa. Desde allí trató de trabajar honradamente vendiendo libros; pero el fanatismo y la intolerancia de los adalides de “libertad de expresión” no iban a permitirlo: las pintadas con insultos en las paredes y cristaleras del establecimiento han sido desde entonces una constante y el comercio ha sido asaltado en varias ocasiones. Todo comenzó cuando en mayo de 1995, el mismo mes en que el Parlamento español aprobó la modificación del Código Penal, una autodenominada “Plataforma Cívica Ana Frank” trató de cambiar el nombre de la calle Séneca por el de la infortunada niña judía fallecida enferma de tifus en Bergen-Belsen. Curiosamente, el Ayuntamiento de Bergen había denegado con anterioridad que se pusiera el nombre de Ana Frank a una escuela y posteriormente se opuso también a que la calle que conduce al monumento recordatorio del campo llevara el nombre de la niña.
Esta mal llamada plataforma cívica entre el 12 de mayo de 1995 y el otoño de 1996 se dedicó a recoger firmas y a presionar a las doscientas treinta familias que vivían en la calle Séneca con la petición de que apoyaran el cambio de nombre de la calle. Los promotores no ocultaron que el fin de la campaña era “boicotear las actividades de la librería Europa”. Todo un ejemplo de respeto a la libertad de expresión (la suya, claro). Los grupos cívicos y, por supuesto, democráticos que formaban parte de la plataforma eran los habituales de izquierda y extrema izquierda. La calle Séneca perdió su tranquilidad y el vecindario tuvo que soportar demostraciones de violencia e intolerancia democráticas, i. e. pintadas con insultos, piedras, cócteles Mólotov, etc. Pedro Varela, con objeto de ofrecer a los vecinos y a la opinión pública en general información que pudiera ser contrastada con la que facilitaban los promotores del cambio de nombre de la calle, publicó en forma de carta circular un texto que había escrito mientras cursaba estudios de Historia Contemporánea en la Universidad. Se trataba de un texto que ofrecía con exactitud rigurosa una visión de conjunto o síntesis de los trabajos de Faurisson, Verbeke, Felderer e Irving sobre la falsificación literaria más fructífera y rentable del siglo XX. En dicho texto, el único escrito por Varela entre todos los presentados contra él por los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía, no puede hallarse ninguna prueba de odio contra nadie.
El 12 de diciembre de 1996, la policía catalana irrumpió en la Librería Europa. La hermana de Pedro Varela estaba trabajando en la tienda y su hija jugaba en un patio trasero del local. Los mossos se apoderaron de unos 20.900 libros, además de publicaciones periódicas, revistas, posters, vídeos… Posteriormente, Varela fue detenido en su domicilio familiar. La operación que, según informó El País, llevaba gestándose tres meses, fue ordenada a instancias de José María Mena, que en 1996 fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este jurista “progresista” que había sido en los años 70 militante del PSUC (comunistas catalanes), opinó que Varela “perseguía el odio y no una ideología”.
La información que el 13 de diciembre de 1996 apareció en El País, diario próximo a los socialistas españoles, fue un ejemplo de falta de objetividad: tras echar flores a los Mossos d’Esquadra por haber tenido el honor de ser “el primer cuerpo policial en España en detener a una persona por apología del genocidio”, el periódico, decía que la Librería Europa era un “centro de venta y distribución de libros nazis editados en países suramericanos”. Después, aseguraba que los vecinos del barrio de Gracia acogieron la detención con satisfacción y que el Ayuntamiento estudiaba comparecer en la causa como acusación particular. Culminaba confirmando que la Plataforma Cívica Ana Frank, la coordinadora Gay-Lesbiana, la Asociación Amical Mauthausen y SOS Racismo estaban todos muy satisfechos porque habían desmantelado “una trama neonazi que utilizaba la librería como tapadera.”
La instrucción del proceso se demoró casi dos años porque muchos de los libros incautados estaban en inglés, alemán y francés, por lo que la Fiscalía insistió en traducirlos para averiguar qué parte de sus contenidos violaban la ley. Finalmente, el titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Barcelona, Santiago Vidal, fijó el viernes 16 de octubre de 1998 para el inicio del primer juicio en España por apología del genocidio e incitación al odio racial. Tan pronto se supo la fecha, los promotores de Ana Frank, convertidos ya en Plataforma Civica contra la Difusión del Odio, convocaron una concentración contra Pedro Varela ante el edificio de los juzgados. Apoyaban la manifestación la logia B’nai B’rith, la Comunidad Israelita de Barcelona, la Fundación Baruch Spinoza, la Liga Antidifamación, Maccabi Barcelona, Asociación Judía Atid de Cataluña, Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, Amical Mauthausen, Coordinadora Gai-Lesbiana, Sos Racismo y Unión Romaní. Los participantes llevaban ataúdes de cartón y velas en recuerdo de las víctimas. Evidentemente, la finalidad de montar un espectáculo en la calle era ejercer presión social y política.
Las dos sesiones del juicio se celebraron los días 16 y 17 de octubre. Asistió en calidad de observador Shimon Samuel, presidente del Centro Wiesenthal de Europa, que iba escoltado por agentes y acompañado de cámaras de la televisión israelí. “Este proceso -declaró- es una oportunidad histórica para que España se sume a la jurisprudencia europea y condene al padrino español del neonazismo.” El fiscal citó una treintena de obras vendidas en la Librería Europa que elogiaban el Tercer Reich y sus políticas o que presentaban argumentos revisionistas sobre el tema del Holocausto. En la causa contra Varela se habían presentado para ejercer la acción popular la Comunitat Jueva Atid (futuro) de Catalunya, SOS Racismo y la Comunidad Israelí de Barcelona. Los dos abogados de Varela dejaron claro desde el principio que la ley bajo la cual se juzgaba a su cliente era inconstitucional, por lo que pidieron la suspensión y anulación del proceso. Durante más de cuatro horas se interrogó al librero, quien rechazó los cargos: “Nunca he provocado odio racial”, dijo ante la corte, y añadió que como historiador “tenía la obligación moral de decir la verdad”. En cuanto al revisionismo declaró:
“En mi opinión, la revisión de la historia es necesaria porque es un tema abierto y todo está sujeto a revisión. Los historiadores deben ser escépticos con respecto a todo y deben también revisar cuanto se ha dicho hasta ahora.”
En relación a los libros de su librería, explicó que no podía conocer los contenidos que albergaban los 232 títulos que tenía en su comercio y que no estaba obligado a ello. Señaló que en su establecimiento vendía libros de distintas ideologías y entre los autores mencionó al nacionalista vasco Sabino Arana, a Francisco de Quevedo y citó también El Capital de Marx. En cuanto al texto sobre Ana Frank, reconoció su autoría. En su declaración final dijo:
“Me ha tocado hacer el papel de malo de esta película como chivo expiatorio de una ‘alarma social’ (expresión utilizada por el fiscal) creada deliberadamente. Condeno, repruebo y ataco cualquier forma de genocidio. No soy genocida ni he asesinado a nadie. Nunca he deseado el genocidio de nadie ni el asesinato de ninguna minoría étnica o religiosa.”
La acusación pública, que recordó que los hechos juzgados eran delito en la Unión Europea, pidió dos años de prisión por apología del genocidio y otros dos por incitación al odio racial. Ello, a pesar de que el apartado segundo del artículo 607 del nuevo Código Penal estipulaba que los delitos contemplados en dicho artículo se castigarían “con la pena de prisión de uno o dos años”. Por su parte, Jordi Galdeano, el abogado de SOS Racismo y de la Comunitat Jueva Atid de Catalunya, solicitó un condena ejemplarizante de ocho años de cárcel. “Lo que es delito y constituye un riesgo para la democracia -dijo- es la divulgación de una ideología que desprecia a ciertos colectivos.” El 16 de noviembre de 1998 el tribunal declaró a Varela culpable de incitación al odio racial y culpable asimismo por haber negado o justificado el genocidio. En consecuencia, el juez Santiago Vidal (22), que en su sentencia se refirió a Varela como “un licenciado universitario con brillante expediente académico experto en materias de revisionismo histórico”, lo sentenció a cinco años de prisión y a pagar una multa de 720.000 pesetas. Además, obligó a Varela a entregar el pasaporte y a comparecer cada més en el juzgado.
En cuanto a los 20.900 libros, se ordenó que fueran quemados, a pesar de que sólo treinta obras de las cerca de doscientas incautadas violaban la ley.
La condena, severísima, superaba lo previsto en el artículo 607.2 del Código Penal, lo que llevó a Galdeano a expresar su “íntima satisfacción”. Pedro Varela, por su parte, declaró que era “una sentencia política y una tremenda injusticia” y recordó que durante dos años, desde el registro policial a su librería hasta la celebración del juicio, se había creado una terrible presión. El 10 de diciembre de 1998, los abogados de Pedro Varela apelaron el veredicto y la sentencia, por lo que pudo evitar el ingreso en prisión en espera de la resolución de la corte de apelación.
Por si no se había ya ocasionado bastante daño al librero y a su actividad comercial durante dos años, se convocó una manifestación para el sábado 16 de enero de 1999 bajo los lemas: “Cerremos la librería Europa, jóvenes y trabajadores en lucha contra el fascismo.” “Contra el fascismo: Cerremos la librería nazi.” Dos días antes, el jueves 14 de enero, Maite Varela, la hermana de Pedro que trabajaba en el establecimiento, avisó a la Policía Nacional sobre lo que se estaba preparando y sobre el riesgo de que se produjera un ataque. El mismo día 16, sobre las 13:15 horas, se realizó una llamada a la policía autonómica y se explicó la situación al Departamento de Denuncias. A las 20:00 horas del sábado 16, amigos o conocidos de la Librería Europa denunciaron al 091 que la manifestación se dirigía hacia la calle Séneca. A las 20:30 se produjo el asalto a la librería. Para poder entrar y destrozar el comercio fue preciso reventar las dos persianas de entrada. Parte de los manifestantes se encapucharon, penetraron en el local y comenzó la destrucción: lunas, vitrinas, expositores, puertas, estanterías, fotocopiadoras, teléfono, extintor, escaleras, incluso algunas baldosas. Todo quedó arrasado. Una vez volcados los muebles, amontonaron los libros en el suelo con intención de quemarlos en el interior.
Al final, optaron por lanzar a la calle unos trescientos volúmenes y les prendieron fuego sobre el asfalto.
Lógicamente, algunos vecinos, que asistían asustados a las escenas de violencia, realizaron nuevas llamadas de auxilio, pero ningún cuerpo policial se presentó. En cuanto a la Guardia Urbana que escoltaba a los manifestantes, se retiraron cuando comenzó el asalto a la librería.
El País, adherido desde el principio al linchamiento público de un hombre que se defendía solo contra casi todos, dio la noticia con este titular: “Manifestación de 1.600 jóvenes para pedir el cierre de la librería Europa”. En el cuerpo de la noticia se decía: “La protesta discurrió pacíficamente, pero al llegar a la librería un grupo de manifestantes quemó unos libros que habían sacado del establecimiento, que sufrió pequeños destrozos.” Naturalmente, la noticia no iba ilustrada con fotografías, pues sólo una hubiera bastado para ver cómo quedó la librería tras sufrir “pequeños destrozos”. En una conocida expresión, Lenin calificó como “tontos útiles” a quienes son utilizados como instrumentos para una determinada causa o política. Parece evidente que los individuos que se encapucharon y arrasaron la librería eran terroristas políticos, probablemente pagados, que iban entre los “tontos útiles” disfrazados de “pacíficos manifestantes” al servicio del poder real.
(Continuará)
Fidelidad
PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte I)
En España, los casos más descarados de persecución política a los revisionistas y de sumisión al sionismo en los tribunales de justicia se dan en Cataluña. Allí, por ejemplo, Pilar Rahola, definida como “basura sionista” por Antonio Baños, diputado de la CUP en el Parlament de Catalunya tras las elecciones autonómicas de 2015, se exhibe de manera impúdica, con desvergüenza absoluta, en los numerosos medios de comunicación que le ofrecen un día sí y otro también sus platós y micrófonos. Dirigente durante años de Equerra Republicana de Catalunya, partido de honda tradición masónica a lo largo de su historia, Rahola admitió en una entrevista a un medio digital independentista sus contactos con Israel. Cuando el periodista le preguntó si trabajaba de enlace entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el Gobierno sionista. Su contestación fue esta: “la mejor respuesta que os puedo dar es que no os la doy. Permitidme que estas cosas queden en el terreno de la confidencialidad. No enseñaremos todas las cartas.” Cuando el periodista replicó: “entiendo que sí que se trabaja”, Rahola confirmó: “Hay informaciones demasiado sensibles para darlas… Trabajamos mucho y hablamos poco”. Es, pues, incuestionable, que el sionismo tiene en Cataluña un terreno bien abonado en el que se mueve con arrogancia gracias a la aquiescencia y el servilismo bochornoso de los medios de comunicación y a la complicidad de ciertos políticos independentistas.
En España, el caso más descarnado, la injusticia más sangrante, se ha cometido contra un librero y editor barcelonés, Pedro Varela, cuya lucha digna y honesta es conocida en todos los ambientes revisionistas internacionales. Su caso, sin embargo, no es el único, otros libreros y editores radicados en Cataluña han sido también víctimas del hostigamiento. Ramón Bau, Óscar Panadero, Carlos García y Juan Antonio Llopart son otros nombres que deben aparecer en este apartado, pues han sido perseguidos por publicar libros revisionistas o por opinar sobre temas políticos prohibidos que guardan relación con el revisionismo. Así, pues, dedicaremos el primer apartado de la persecución en España a Pedro Varela y a continuación presentaremos el segundo caso.
Pedro Varela, un librero honrado víctima del odio y la intolerancia sectaria
Sobre Pedro Varela escribiremos adecuadamente. Puesto que nuestra obra nace en España, conocemos sus penalidades perfectamente, hemos tenido acceso a información suficiente y podemos explicar el caso como merece. Su nombre está asociado a CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa), una organización de ideología nacionalsocialista creada en Barcelona en 1966. El primer congreso de este grupo se celebró en 1969 y Jorge Mota fue su primer presidente y a la vez director de la revista CEDADE. Durante estos primeros años fue creciendo la militancia y la organización se extendió por todas las regiones españolas con cincuenta delegaciones. Las agrupaciones de Cataluña llegaron incluso a exhibir la “senyera” catalana durante los años del franquismo. Pedro Varela accedió a la presidencia de CEDADE y a la dirección de la publicación en 1978.
Poco a poco las ideas revisionistas fueron convirtiéndose en base fundamental del ideario de Varela y de la organización que presidía. Contactó con Robert Faurisson y propició la publicación de un extracto del libro esencial de Arthur R. Butz. Asimismo, otros autores próximos al Institute for Historical Review, así como publicaciones y textos del IHR, fueron traducidos e introducidos en España gracias a CEDADE. En 1989, por ejemplo, CEDADE publicó en España el explosivo Informe Leuchter prologado por David Irving. Uno de los últimos actos de CEDADE tuvo lugar en Madrid en 1992, a donde confluyeron algunas personalidades revisionistas para reclamar el derecho irrenunciable de la libertad de expresión. Al encuentro asistieron Gerd Honsik, Thies Christophersen y otros perseguidos en sus países por opinar libremente. Debe considerarse que a estas alturas ya se habían celebrado los dos juicios contra Ernst Zündel en Toronto y que en Alemania las cosas iban de mal en peor. Finalmente, también en España fue creándose un nuevo marco legal similar al que se iba forjando en Europa, por lo que Pedro Varela anunció su renuncia a la presidencia de CEDADE y en octubre de 1993 la organización acabó desapareciendo.
Durante la década de 1980, Pedro Varela había ido comprometiéndose más y más con el revisionismo histórico, por lo que en 1988 llegó a viajar a Canadá para asistir en Toronto al segundo juicio contra Zündel. Allí se encontró con Faurisson, Irving, Zündel y otros revisionistas y tuvo ocasión de conocer personalmente a Fred Leuchter. También por estas fechas protagonizó junto a David Irving un acto de protesta en Berlín ante la sede de la televisión alemana. Con carteles en las manos en los que rezaba la inscripción “Historiadores alemanes, mentirosos y cobardes”, Varela e Irving se pusieron al frente de un grupo reducido de manifestantes que exigían el fin de la falsificación de la historia. Eran los años en que el revisionismo había logrado el éxito decisivo que supuso el peritaje del ingeniero Leuchter en Auschwitz. Al mismo tiempo, los enemigos de los revisionistas y de la verdad histórica se estaban radicalizando: como sabemos en 1989 Robert Faurisson fue víctima del atentado cobarde perpetrado por terroristas judíos, que le propinaron una paliza de muerte.
En marzo de 1991 Pedro Varela habló en alemán en el “Leuchter Kongress”, un encuentro celebrado al aire libre en Múnich que había sido organizado por Ernst Zündel. El 25 de septiembre de 1992, con treinta y cinco años, ideales, firmes convicciones, y mucha ilusión en su mochila, fue arrestado en Austria, país que visitaba en el contexto de una gira por Europa. El motivo de la detención fue que en una visita anterior había pronunciado un discurso en el que elogió la política de Hitler. La policía lo puso a disposición judicial y acabó encarcelado en la prisión de Steyr, un antiguo monasterio cisterciense, por el delito de propagar el nacionalsocialismo. Su correspondencia fue controlada. Antes de entregarle las cartas, eran traducidas al alemán con el fin de adjuntarlas al dossier del juicio por si podían servir como elementos inculpatorios. Estuvo tres meses entre rejas antes de ser presentado el miércoles 16 de diciembre de 1992 ante un tribunal con tres jueces y un jurado de ocho personas. Finalmente, fue sorprendentemente absuelto, pues se llegó a la conclusión de que el acusado no conocía las leyes austríacas, razón por la cual no podía saber que estaba delinquiendo cuando expresaba su opinión sobre una figura histórica.
En comparación con Austria o Alemania, España seguía siendo un oasis de libertad de expresión en una Europa cada vez más condescendiente con los lobbies judíos. En 1995, año en que Suiza y Bélgica promulgaron leyes antirraciales que pretendían combatir el “odio” y la “negación del Holocausto”, España emprendió por fin el mismo camino. El 11 de mayo de 1995 el Parlamento aprobó una revisión del Código Penal con el fin de equiparar la legislación española a la de ciertas naciones de Europa. En el preámbulo, la ley se justificaba así: “La proliferación en varios países europeos de incidentes de violencia racista y antisemítica, llevados a cabo bajo banderas y símbolos de ideología nazi, obliga a los Estados democráticos a emprender acciones decisivas para luchar contra…” Hemos apuntado ya que las leyes contra el “odio” y la “negación del Holocausto” en Europa no eran una consecuencia de la expresión espontánea o de la indignación justificada de la gente, sino el resultado de una campaña prefabricada y bien organizada al servicio del sionismo. Tres años más tarde, en junio de 1998, la Asociación Internacional de Juristas y Abogados Judíos volvió a pedir nuevas y más severas leyes contra el revisionismo del Holocausto.
(Seguirá)
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