PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte III)

Para acabar de consumar la vergonzosa actuación de las fuerzas del orden, el juzgado de guardia desestimó la denuncia al entender que no se conocía a los culpables. Sin embargo, cámaras de televisión filmaron a los agresores y el Ayuntamiento tenía los nombres de las dos docenas de grupos que participaron en la manifestación:

Assemblea d’Okupes de Terrassa, Assamblea Llibertària del Vallés Oriental, Associació d’Estudiants Progressistes, Departament de Joves de CC.OO., Esquerra Unida i Alternativa, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, Joves Comunistes, Joves Socialistes de Catalunya, Maulets, Partido Obrero Revolucionario, Partits dels Comunistes de Catalunya, PSUC viu, Amical de Mauthausen…

Hasta veintitrés asociaciones figuraban en el escrito de denuncia que presentó Pedro Varela ante un juzgado ordinario el 10 de febrero de 1999. En la denuncia se adjuntaba una relación de los daños peritados y el valor estimado de los mismos, que ascendía a 2.815.682 pesetas en “pequeños destrozos”.

Pedro Varela in the aftermath of the attack on the Europa bookstore, January 16, 1999.
Pedro Varela momentos después de los destrozos causados a la Librería Europa el 16 de enero de 1999.

Por fin, el 30 de abril de 1999 llegó una estupenda noticia para Pedro Varela: por decisión unánime, los tres jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, presididos por la jueza Ana Ingelmo, estimaban pertinente el recurso presentado por el letrado José María Ruiz Puerta y cuestionaban la sentencia del juez Santiago Vidal. Al considerar que vulneraba el derecho a la libertad de expresión, planteaban elevar el asunto al Tribunal Constitucional en Madrid. Los tres jueces consideraban que dudar del Holocausto no puede ser considerado delito según la Constitución española. En lugar de pronunciarse sobre la condena, reflejaban en su escrito de resolución todas las dudas sobre la constitucionalidad del artículo 607.2 del nuevo Código Penal. Los jueces de la Audiencia Provincial argumentaban que el artículo por el que había sido condenado Varela entraba en conflicto con el artículo 20 de la Constitución:

que defiende el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones mediante la palabra, escritura o cualquier otro medio de reproducción.

Como era de esperar, las acusaciones reaccionaron enrabietadas. El intrépido Jordi Galdeano decidió no quedarse corto y sentenció que la decisión del tribunal “atentaba contra el sistema democrático”. Es decir, cuando en lugar de jueces y fiscales afines se encontraban con magistrados verdaderamente independientes, éstos eran acusados de poner en peligro las libertades. El abogado de Amical Mauthausen, Mateu Seguí Parpal, calificó de “impresentable” al tribunal que dudaba de la criminalidad de Pedro Varela.

mateo cortada
Mateo Seguí Parpal (al cual no tembló la voz al tachar de “impresentable” al Tribunal Constitucional), a la derecha, junto a los anarquistas Pep Castells y Luis Andres Edo.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, antes de admitir a trámite la consideración de la constitucionalidad planteada por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia, exigió como requisito formal previo que la Audiencia de Barcelona tramitara primero el recurso contra la condena, por lo que la Sala de la Sección Tercera señaló entonces la fecha de 9 de marzo de 2000  para la vista del recurso. Una semana antes, la magistrada ponente, Ana Ingelmo, fue recusada por SOS Racismo, que la denunció ante la Fiscalía por prevaricación y solicitó que se abstuviera en el caso. La Sala estimó la recusación y acordó el cambio de ponente, por lo que ordenó la suspensión de la vista oral y tramitó la recusación en pieza separada. El 19 de junio de 2000 un Auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la recusación.

Por fin se señaló el 13 de julio para la celebración de la vista oral. Varela no asistió porque estaba en Austria. Su abogado calificó de “escandalosa” la sentencia de cinco años de cárcel. Por contra, la fiscal Ana Crespo y las acusaciones particulares solicitaron a la Audiencia que confirmase la pena impuesta al propietario de Librería Europa. En definitiva, por Auto de 14 de septiembre de 2000 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial planteó de nuevo la cuestión de inconstitucionalidad. Pedro Varela siguió en libertad condicional y el caso quedó pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional. Defensores de la libertad de expresión y revisonistas de todo el mundo consideraron que en España se había logrado una victoria, por lo menos temporal, y quedaron a la espera de la resolución del alto tribunal, que iba a tardar siete años en emitir la esperada sentencia.

Durante este periodo temporal, Pedro Varela prosiguió sus actividades como librero y como editor de Editorial Ojeda. La Librería Europa, además, comenzó a organizar conferencias en sus locales, con frecuencia pronunciadas por autores revisionistas que acudían desde el extranjero. De repente, el lunes 10 de abril de 2006, la policía autonómica catalana irrumpió de manera inesperada en los locales de la Librería Europa. A las 9:30 de la mañana una quincena de policías enmascarados comenzaron un registro que se prolongó hasta las cinco de la tarde. Unos seis mil libros valorados en más de 120.000 euros fueron secuestrados.

Además, los funcionarios de la policía política de la Generalitat sacaron del local ocho cajas grandes repletas de documentación, cientos de carpetas y miles de fotos y diapositivas, catálogos preparados para ser enviados y trece mil programas de conferencias. Los seis ordenadores que contenían decenas de libros corregidos, maquetados y preparados para la edición quedaron confiscados. En estos ordenadores había también toda la información sobre clientes y amigos de la empresa editorial y de la librería. Los discos duros, las copias de seguridad, las libretas de ahorro, las cuentas bancarias, los talonarios de la librería, contratos personales y empresariales fueron asimismo confiscados. Por si no había suficiente, los “mossos” se llevaron las fotografías enmarcadas que recordaban actos de la época de CEDADE y hasta las banderas de las comunidades autónomas que, junto a la senyera catalana, adornaban la sala de conferencias.

Pedro Varela fue detenido. Una vez en comisaría, lo obligaron a desnudarse para pasar el registro y luego lo encerraron en una celda. Posteriormente pasó a “tocar el piano”, que en la jerga carcelaria significa entintar los dedos para tomas las huellas dactilares, y fue fotografiado de cara y de perfil con el número de delincuente. Se le comunicó que en esta ocasión el motivo de su detención era que la Editorial Ojeda publicaba libros “contrarios a la comunidad internacional”, libros que atentaban “contra las libertades públicas y los derechos fundamentales”. Es decir, en una “democracia” donde la libertad de expresión, de difusión y de comunicación pasa por ser una seña sacrosanta de indentidad, la edición y venta de libros quedaba convertida en una actividad criminal porque las ideas encerradas en los textos eran “contrarias a la comunidad internacional”. Si no fuera todo tan serio y tan patético, sería para desternillarse de risa.

Dos días después de su detención, Varela quedó en libertad con cargos. Se le imputaron delitos contra una entelequia llamada comunidad internacional, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y contra las libertades públicas por apología del genocidio. El subjefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, Juan Carlos Molinero, explicó a los medios de comunicación que la operación no había estado dirigida contra la librería, ya investigada en los años 90, sino contra la Editorial Ojeda, por lo que no se cerraba ni el local ni su página web. En realidad fue una argucia “legal” para poder actuar de nuevo contra Varela.

Puesto que estamos historiando los hechos protagonizados por Pedro Varela, víctima del mayor atentado contra la libertad de expresión y de publicación perpetrado en la España “democrática”, es pertinente anotar que el poder en Cataluña en abril de 2006 estaba en manos de un gobierno conocido como el tripartito, surgido tras la firma del llamado Pacto del Tinell. Presidido por el socialista Pasqual Maragall, los partidos que formaban parte de él eran el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (vástagos de los comunistas del PSUC) y Esquerra Republicana de Catalunya (cuyo emblema, según admiten sus dirigentes, es un triángulo masónico). Este Gobierno fue, pues, el responsable político de la persecución en España de un empresario por editar libros “contrarios a la comunidad internacional”, la mayoría de los cuales se publicaban en casi toda Europa sin ningún problema.

Como es sabido, cuando se quiere criminalizar a un dirigente que en algún lugar del mundo se opone a los designios de las marionetas cooptadas que figuran al frente de los países poderosos que desencadenan las guerras, éstos se atribuyen la representación de la “comunidad internacional”. Entonces, el Estado o nación que no se somete, es acusado de “desafiar a la comunidad internacional”. En el caso inaudito que venimos relatando, entendemos que existiría un índice de libros prohibidos cuyos contenidos atentan contra una abstracción inconcebible denominada comunidad internacional.

El 7 de noviembre de 2007 el Tribunal Constitucional emitió por fin la STC 235/2007, i. e., la sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial respecto al artículo 607, párrafo segundo, del Código Penal. El ponente fue el magistrado Eugeni Gay Montalvo. El fallo, después de plantear por extenso los fundamentos jurídicos, decía textualmente:

“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionalidad, y en consecuencia:

     1º Declarar inconstitucional y nula la inclusión de la expresión ‘nieguen o’ en el primer inciso artículo 607.2 del Código Penal.

  2º Declarar que no es inconstitucional el primer inciso del artículo 607.2 del Código Penal que castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpretado en los términos del fundamento jurídico 9 de esta Sentencia.

  3º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo los demás.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado

            Dada en Madrid, a siete de noviembre de dos mi siete.”

 

Es decir, a partir de la STC 235/2007, el dogma de fe del Holocausto puede negarse en España, como pueden negarse, por ejemplo, el de la Inmaculada Concepción, el de la existencia de Dios o cualquier otro dogma de la Iglesia. El Tribunal Constitucional consideró que dicha negación

“permanece en un estadio previo al que justifica la intervención del derecho penal, en cuanto no constituye, siquiera, un peligro potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma en cuestión, de modo que su inclusión en el precepto supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión”.

En la sentencia se decía textualmente que “la mera negación del delito resulta en principio inane”. El Tribunal, por contra, sí consideraba delito la difusión “por cualquier medio” de ideas que justifiquen el genocidio. Pero éste no es el caso de los revisionistas que han ido apareciendo en estas páginas: ninguno de ellos justifica ni ha justificado nunca el genocidio. Pedro Varela aseguró una y otra vez que lo reprobaba en su declaración ante el juez que lo condenó a cinco años.

(Continuará)

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4 thoughts on “PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte III)

  1. Pedro Benabarre Graus 26 agosto, 2016 / 8:39 am

    Como muy bien el artículo, sería para desternillarse de risa, sio uera PARA ECHARSE A LLORAR.
    ¿Qué m… de libertad de expresión existe en Cataluña?
    ¿Realmente los Mozos de Escuadra no tienen cosas más importantes que hacer? Me parece que Cataluña está llena de delincuentes, nacionales y extranjeros, como para que anden perdiendo l tiempo con estos temas, arruinando empresas y enviando trabajadores al paro, como ha sucedido con todos los empleados de la Librería EUROPA y de Ediciones OJEDA.

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    • Frel 30 agosto, 2016 / 11:20 am

      Lamentablemente es así, es vergonzoso como utilizan a la policía para atacar a la gente honesta y luego hay miles de delincuentes(incluidos los políticos) que campas a sus anchas haciendo daño a los ciudadanos honestos. Pero así es esta repugnante dictadura de partidos, lo tienen todo pensado para que vivamos en un clima irrespirable, con leyes represivas para que vivamos con miedo, con el miedo dominan a las masas, pandilla de hipócritas que luego se llenan la boca con la palabra “democracia”…

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  2. Jesús 27 agosto, 2016 / 6:53 am

    De izquierdas, de derechas, eso qué importa…
    Somos ESPAÑOLES y nacimos LIBRES.
    EL FISCAL DEL SIONISMO NO NOS COLOCARÁ SU MORDAZA!!

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  3. Mª Luisa 29 agosto, 2016 / 4:34 pm

    Siento verdadera repugnancia por esas juezas, a cual más asquerosa y vendida. En su caso hubieran hecho mejor servicio a la humanidad quedándose en la cocina. Y no es un comentario machista, que soy mujer.

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