PEDRO VARELA: VÍCTIMA PRINCIPAL DE LA PERSECUCIÓN EN ESPAÑA ENTRE 1996 Y 2016 (Parte VI y última)

Los cuatro responsables de la librería Kalki, durante el juicio en la Audiencia de Barcelona, en marzo del 2009.
Los cuatro responsables de la librería Kalki, durante el juicio en la Audiencia de Barcelona, en marzo del 2009.

Otros libreros y editores perseguidos en Cataluña

El caso que sigue a continuación confirma la injusticia cometida con Pedro Varela. Conocido como “El caso de la Librería Kalki”, afectó a cuatro libreros y editores que acabaron absueltos por el Tribunal Supremo mientras Varela, también librero y editor, se hallaba cumpliendo condena en prisión por unos hechos idénticos. De ello podrían extraerse muchas y variadas conclusiones, que dejamos para el final. Ahora nos limitaremos a narrar sucintamente los hechos tras perfilar unos trazos aun más concisos sobre los personajes: Óscar Panadero, Ramón Bau, Juan Antonio Llopart y Carlos García, condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona por difusión de ideas genocidas en sentencia de 28 de septiembre de 2009.

El primero, Óscar Panadero, hijo de un responsable del PSUC, sobrino de anarquistas y nieto de falangistas, se formó desde niño en las discusiones de los tres credos ideológicos y acabó escogiendo el nacionalsocialismo. Nacido en Barcelona en 1977, abandonó con notas excelentes los estudios y optó por una formación autodidacta. Ni los docentes ni sus progenitores lograron convencer al joven adolescente, quien confirmó que no pensaba claudicar ante una escuela que enseñaba falsedades. Tras pasar por asociaciones como Alternativa Europea y el Movimiento Social Republicano, acabó en el Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), cuyo presidente era Ramón Bau. En enero de 2003, tras vender su hacienda y abandonar un buen trabajo, inauguró la Librería Kalki, de la que fue propietario y administrador. Sólo medio año más tarde comenzó su proceso de persecución política: el 8 de julio de 2003 y el 25 de mayo de 2004, la policía autonómica irrumpió en el establecimiento y, como en el caso de la Librería Europa, se secuestraron miles de libros y revistas, además de catálogos, folletos, etc.

El segundo, Ramón Bau, también barcelonés, participó a los diecisiete años en la fundación del Círculo Español de Amigos de Europa y junto a Pedro Varela trabajó en su actividad editorial. Bau colaboró estrechamente con Varela y llegó a ser secretario general de CEDADE. En 1984 montó Ediciones Bau, Bausp y Wotton y editó más de un centenar de revistas. En junio de 1998 fundó el Círculo de Estudios Indoeuropeos. Bau, intelectual que atesora un amplio bagaje de conocimientos, aparte de nacionalsocialista convencido, se declara wagneriano.

Juan Antonio Llopart, el tercero de los catalanes perseguidos, nació en Molins de Rei en el seno de una familia falangista. Fundador de Ediciones Nueva República, fue también impulsor de la revista Nihil Obstat. Llopart, desde Ediciones Nueva República patrocinó y organizó unas Jornadas de Disidencia que contaron durante varios años con asistencia de personalidades internacionales, luchadores contracorriente en el ámbito de la cultura. Es autor de varias obras y ha colaborado en distintas publicaciones.

El cuarto, Carlos García, miembro del CEI y también de tradición falangista, se declara estudioso del nacionalsocialismo. Secretario de Óscar Panadero, ha contado una anécdota significativa sobre su detención:

cuando en 2004 diez policías irrumpieron de noche en su domicilio, el que llevaba la voz cantante iba de paisano y lucía una estrella roja comunista en la solapa. García considera que era una manera de hacerle saber quiénes iban a por él.

Pues bien, tras ser detenidos de manera humillante y pasar varios días retenidos en los calabozos, se abrió contra ellos un procedimiento en el  Juzgado de Instrucción nº 4 de Sant Feliu de Llobregat. Una vez decretada la apertura de juicio oral, se remitió el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona, que el 28 de septiembre de 2009 dictó sentencia. Los cuatro fueron condenados a penas de hasta tres años y medio de cárcel por delitos de difusión de ideas genocidas, delitos contra los derechos fundamentales y las libertades, y por asociación ilícita. Ramón Bau, presidente de CEI, y Óscar Panadero, dueño de la Librería Kalki, recibieron tres años y medio de pena; Carlos García, tres años; Juan Antonio Llopart, administrador de Ediciones Nueva República, no fue condenado por asociación ilícita, por lo que su condena quedó en dos años y medio de prisión.

Los abogados interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de Ley y de precepto Constitucional, así como por quebrantamiento de Forma. El 12 de abril de 2011 el Supremo dictó la Sentencia 259/2011, cuyo ponente fue el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

El magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
El magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

El fallo consideraba que había lugar a los recursos de casación por infracción de Ley y precepto Constitucional, así como por quebrantamiento de Forma. En consecuencia, los acusados fueron absueltos de los delitos por los que venían condenados y quedaban sin efecto todos los pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia.

La sentencia constaba de 218 páginas. En el apartado de “Fundamentos de Derecho” se daban los mismos argumentos que, esgrimidos en su día por la defensa de Pedro Varela, habían sido rechazados por los tribunales catalanes que lo habían juzgado y condenado. He aquí la cita de un fragmento:

“Por todo ello, tratándose de editores o libreros, la posesión de algunos ejemplares de tales obras, en mayor o menor número, con la finalidad de proceder a su venta, o a su distribución, al igual que ocurriría si se tratara de otras muchas obras posibles de temática similar, o incluso contrarias en su sentido más profundo aunque igualmente discriminatorio y excluyente, no supone por sí misma un acto de difusión de las ideas más allá del mero hecho de poner sus soportes documentales a disposición de posibles usuarios, y por lo tanto, nada distinto de lo esperable de su dedicación profesional, sin que, aunque contengan alguna forma de justificación del genocidio, se aprecie sólo por ello una incitación directa al odio, la discriminación o la violencia contra esos grupos, o indirecta a la comisión de actos constitutivos de genocidio, y sin que tampoco, aunque en esas obras se contengan conceptos, ideas o doctrinas discriminatorias u ofensivas para grupos de personas, pueda apreciarse que solo con esos actos de difusión se venga a crear un clima de hostilidad que suponga un peligro cierto de concreción en actos específicos de violencia contra aquellos.

No se describe en los hechos probados, como sería necesario para aplicar el tipo, ningún acto de promoción, publicidad, defensa pública, recomendación, ensalzamiento o incitación o similares imputados a los acusados que vinieran referidos a la bondad de las ideas o doctrinas contenidas en los libros que editaban, distribuían o vendían en razón de su contenido filonazi, discriminatorio o proclive al genocidio o justificación del mismo, o a la conveniencia de adquirirlos para conocimiento y desarrollo de aquellas, o que aconsejaran de alguna forma su puesta en práctica, que pudieran considerarse como actividades de difusión, que tuvieran mayor alcance y fueran distintas del hecho de editar determinadas obras o de disponer de ejemplares a disposición de los eventuales clientes.

Tampoco se aprecia en los actos imputados en el relato fáctico un ensalzamiento de dirigentes del nazismo en razón de sus actividades discriminatorias o genocidas, por lo que sin perjuicio de la opinión que a cada uno tales personas pudieran merecer, en relación con lo hasta ahora dicho, no puede valorarse como una incitación indirecta al genocidio o como una actividad encaminada a la creación de un clima hostil del que pudiera desprenderse la concreción de actos específicos contra las personas ofendidas o contra los grupos de los que forman parte.”

Dicho en román paladino (“en el cual suele el pueblo fablar a su vecino”), el hecho de que libreros o editores, en el ejercicio de su actividad profesional, vendan o editen ciertos libros no supone que justifiquen el genocidio, el odio o la violencia contra nadie.

El Supremo, y ello sería aplicable al caso de Pedro Varela, no consideró que en los “hechos probados”  hubiera nada relacionado con actos de promoción o justificación de la praxis de las ideas contenidas en los libros editados o distribuidos. Tampoco entendió que se pudiera atribuir a los condenados ninguna incitación al genocidio en función de los actos imputados en el relato de los hechos. En cuanto a la pretensión de que los acusados formaban parte de una asociación ilícita, el Supremo explicó en la sentencia que “no basta con acreditar la ideología del grupo o de sus intregrantes” y consideró que con los datos disponibles no se desprendía que el grupo fuera “una organización estructurada con medios que permitan transformar la orientación ideológica en promoción de la discriminación.”

La STC 235 de 7 de noviembre de 2007 y la Sentencia nº 259 de 12 de abril de 2011 de la Sala de lo Pena del Tribunal Supremo amparan los derechos a la libertad ideológica y de expresión, por lo que cualquier idea puede ser defendida y difundida. Sin embargo, en lugar de felicitarse por dos sentencias que venían a proteger las libertades de todos, algunos medios “progresistas”, siempre serviles a la voz de sus amos, se rasgaron las vestiduras y consideraron que las sentencias suponían un retroceso.

O sea, cuando la actuación de jueces y fiscales se produce de acuerdo a determinados intereses, aunque se restrinjan los derechos fundamentales, se trata de sentencias ejemplares; pero en el caso contrario los magistrados son conservadores y carcas.

En su sectarismo, estos medios y los grupos que se esconden tras ellos ignoran que la Constitución no prohíbe las ideologías, estén en uno u otro extremo del espectro político. Según los jueces del Supremo, la Constitución “no prohibe las ideologías”, por lo que “las ideas como tales no deben ser perseguidas penalmente”. El Supremo insistía en que la tolerancia con todo tipo de ideas permite aceptar incluso aquellas que cuestionan la propia Constitución, “por muy rechazables que puedan considerarse”. En definitiva, el Tribunal Supremo se apoyaba en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según el cual “al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución protege también a quienes la niegan”.

La sentencia del Supremo supuso un duro revés, un varapalo, para la Audiencia de Barcelona. Cuando se produjo, Pedro Varela seguía en la prisión de Can Brians. En junio de 2011, medio año después de haber ingresado voluntariamente, la junta de tratamiento del centro penitenciario le denegó el permiso para poder ver a su hija pequeña y a su madre, a la que no había vuelto a ver. Puesto que las competencias en materia de ejecución penitenciaria están transferidas a la Generalitat de Catalunya,

es evidente que los funcionarios del centro obedecían instrucciones políticas del Gobierno catalán y sus propuestas en favor de Varela eran bloqueadas por la negativa del Fiscal Miguel Angel Aguilar a conceder ningún beneficio penitenciario al recluso.

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La última foto de Pedro Varela con su hija antes de entregarse para entrar en prisión. No la volvería a ver hasta pasados 15 meses

Pedro Varela había solicitado el tercer grado y le había sido denegado. El 3 de marzo de 2011, presentó un recurso contra la denegación. Si se hubiera querido hacer justicia, tan pronto se conoció la sentencia del Supremo que absolvía a los cuatro libreros y editores condenados por los mismos delitos, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente tendría que haber resuelto el recurso contra la denegación de tercer grado e instado de oficio a la puesta en libertad condicional del penado. Pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no considera delito los hechos por los que estaba en prisión, Varela cumplió su condena íntegramente.

De este modo, quedó demostrado una vez más que su caso era político y nada tenía que ver con la equidad y la justicia. (N. F.)

 (Fin)

Nota:Israel ve con mucha tristeza y preocupación la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo de España

 

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